SANTIAGO DE CHILE — Hospitales y oficinas públicas sólo atendieron emergencias al comenzar el lunes un paro nacional por tiempo indefinido de empleados de los organismos estatales en demanda de un aumento salarial, en tanto las autoridades reiteraron su disposición a dialogar con los huelguistas.
"El gobierno sigue queriendo conversar, dialogar, y quiere hacer una nueva oferta y esperamos que todo esto se solucione en el transcurso del día", dijo a radio Cooperativa el vocero oficial Francisco Vidal.
La presidenta Michelle Bachelet suspendió un viaje al sur del país, y se reunió con el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, y el presidente del Banco Central, José de Gregorio, para analizar la situación económica.
Además de los trastornos en hospitales y consultorios, donde sólo "turnos éticos" atienden emergencias, la paralización dejó sin clases a alumnos de colegios municipales y en el centro capitalino se acumulaba la basura por la adhesión a la protesta de los recolectores. En otros servicios públicos simplemente no se atendió al público.
El gobierno informó que en consultorios de salud hubo una adhesión del 70% y que en hospitales públicos fue del 50%.
Los sindicalistas aseguraron a su vez que el apoyo al paro en algunos sectores alcanzó al 100%.
Tras el rechazo sindical a la propuesta oficial, el gobierno adoptó algunas medidas para paliar los efectos del paro, como la atención telefónica o por internet de algunos trámites.
Desde el sábado, luego que los dirigentes de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Anef, rechazaran la contrapuesta del gobierno de un aumento del 6,5%, frente a exigencia de un aumento del 14,5% de los salarios, que demandan los alrededor de 500.000 funcionarios fiscales.
El gobierno ha anunciado que las negociaciones no están rotas y que preparaba una nueva oferta.
El presidente de la Anef, Raúl de la Puente, pidió la intervención de Bachelet y expresó que "vamos a negociar de pie y no de rodillas".
El ministro subrogante del Trabajo, Mauricio Jélvez, afirmó que la demanda de los funcionarios públicos "no se ajusta a la realidad económica del país" y que aumentaría las presiones inflacionarias.
El gobierno decidió enviar el proyecto de reajuste de 6,5% al congreso, escalonado, sin el acuerdo de los trabajadores, lo que hace presumir difíciles negociaciones para el ejecutivo ya que algunos parlamentarios oficialistas y los de oposición favorecen un ajuste superior al 8% e incluso de dos cifras.
Hace dos años ocurrió algo similar y la presión parlamentaria obligó al gobierno a subir su propuesta.
El portavoz consideró injusto el paro porque las consecuencias las pagan cientos de miles de usuarios de los servicios públicos.
De la Puente señaló que el aumento real de salarios sería del 4,6%, por cuanto el resto cubre el deterioro de sus remuneraciones por la inflación que se ha registrado este año, que hasta octubre era del 9,9%.
El martes y miércoles pasado los empleados públicos realizaron otro paro que aseguraron tuvo un apoyo superior al 90%.
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